El alquiler turístico de corta duración generó 5.563 millones de euros en municipios rurales españoles durante 2024, según un estudio de Analistas Financieros Internacionales (Afi) en colaboración con Airbnb. De ese total, 3.200 millones se dirigieron directamente a sectores como restauración, ocio, cultura y comercio minorista. Impulsando de forma notable el desarrollo económico en pueblos de menos de 10.000 habitantes.
El turismo internacional es el principal motor de este fenómeno, con un gasto que triplica al del turismo doméstico: 3.874 millones frente a 1.690 millones de euros. Los visitantes extranjeros no solo gastan más, sino que también diversifican su consumo: priorizan actividades culturales y de ocio. Mientras que los turistas nacionales concentran su gasto en restauración.
El papel del anfitrión y el impacto en el empleo
Una de las claves del éxito económico local es la figura del anfitrión. El 80% de los viajeros recibe recomendaciones directas sobre restaurantes, tiendas o actividades, lo que convierte cada alojamiento en una oficina de turismo personalizada. Esta cadena de valor corta y eficaz canaliza el gasto hacia negocios familiares y profesionales autónomos, que a menudo quedarían fuera del radar del turismo convencional.
El impacto va más allá del comercio: los municipios con alquileres turísticos han visto crecer su número de visitantes en un 14%. Y en el caso del turismo internacional, el aumento alcanza el 36%. Esto se traduce en un crecimiento del 4% del empleo local en sectores clave como la hostelería y el comercio. Además, el 75% de los pueblos carece de hoteles, pero más de la mitad ya cuenta con al menos un alojamiento turístico de corta duración.
Sostenibilidad, vivienda y recomendaciones normativas
Lejos de representar una amenaza para el acceso a la vivienda, este modelo solo ocupa el 0,6% del parque habitacional rural. La mayoría de los alojamientos provienen de segundas residencias o casas rehabilitadas destinadas a grupos o familias, lo que reduce el riesgo de presión inmobiliaria.
Afi y Airbnb abogan por políticas públicas diferenciadas para los entornos rurales, con medidas como eximir a estas zonas de restricciones urbanas, facilitar el registro legal de propietarios, priorizar ayudas a la digitalización y sostenibilidad, y reconocer normativamente la especificidad del turismo en áreas en riesgo de despoblación.
“Este modelo ofrece una vía realista para revitalizar la España rural, generar empleo y combatir la despoblación”, señala Diego Vizcaíno, socio director de Afi. Para Jaime Rodríguez de Santiago, director general de Airbnb Marketing Services, “es crucial regular con sensibilidad territorial y aprovechar el potencial del alquiler turístico como herramienta de dinamización local”.
